Sin aprobación social: ¿Es posible la sostenibilidad de la minería?

Se va un nuevo año y tal como sostuvimos al finalizar el año 2009 (1), existen claros indicadores de que la creciente inversión minera, lejos de darse en un clima de mayor armonía, "más bien tiende a convertirse en el principal motivo de conflictos sociales, generando un ambiente adverso para que la inversión juegue el papel que le corresponde en el logro del desarrollo humano y la ansiada paz social."

Hechos recientes, como los que describimos líneas abajo, demuestran que lo afirmado no sólo confirma lo que ya se veía venir para el año que termina, sino además que quienes están involucrados en este escenario de conflictos alrededor de la minería no han hecho lo suficiente para afianzar caminos de diálogo que cambien las condiciones en que estos se producen y desarrollan. Veamos:

En suspenso Proyecto Tía María

El 22 de noviembre, pobladores de Cocachacra y Chucarapi en Arequipa inician un paro de protesta frente a la posibilidad que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Tía María y se autorice el inicio de sus operaciones. Como producto de este movimiento, que incluye el rechazo a nuevas concesiones mineras otorgadas en esta zona, el Gobierno se ha comprometido a la revisión del EIA del mencionado proyecto minero por expertos internacionales asegurando que, de preverse impactos negativos y significativos sobre el medio ambiente no se daría la autorización que Tía María requiere para su puesta en marcha.

Los antecedentes en la conducta de la empresa titular del proyecto que dejó abierta la alternativa para usar agua del subsuelo, cuestión que produjo el mayor rechazo de la población desde su inicio, la conocida ausencia del Estado durante el proceso de gestación del conflicto y, desde luego la desconfianza de las organizaciones sociales y sus dirigentes sobre la actuación del Gobierno Central y la Empresa abonaron para que hoy este proyecto minero haya quedado en una situación de suspenso.

La Zonificacíon ecológica y económica en Cajamarca

El 4 de diciembre, el Gobierno Regional de Cajamarca aprobó la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la Región como instrumento de ordenamiento y planificación para fomentar el desarrollo sostenible. Frente a ello y antes de su aprobación el Grupo Norte, asociación que agrupa principalmente a las empresas mineras de la Región (2), la Cámara de Comercio y una Universidad Particular, entre otras instituciones, se apartaron del proceso que condujo a la mencionada ZEE por considerar que no se llevaba adelante de modo técnico sino político.

Por su parte, el Ministro del Ambiente, apenas enterado de esta noticia, declaró su disconformidad sobre esta resolución del Gobierno regional por considerar que más habían pesado prejuicios contrarios al desarrollo minero que criterios técnicos, adelantando opinión sobre lo que podría resolver en última instancia el Ministerio cuya dirección ejerce.

El nuevo Gobierno Regional, cuyo Presidente tiene una posición crítica respecto de la minería en Cajamarca es muy posible que apoye la ZEE ya aprobada con lo cual el conflicto entre el Gobierno Regional defendiendo sus atribuciones no solo se extenderá en su relación con el Gobierno Central, sino también con las empresas mineras que se oponen a esta Ordenanza.

En este nuevo escenario, los esfuerzos de los más grandes proyectos mineros que tras el GRUPO NORTE se han venido involucrando, bajo una mirada estratégica, en el desarrollo sostenible de Cajamarca (3), en el entendido que no aprueban la ZEE por limitar el desarrollo de la actividad minera, podría estimular un conflicto mayor con quienes desde la esfera política manejan un enfoque distinto del desarrollo para Cajamarca.

Cancelación de Proyecto de exploración minera en Ancash

El 6 de diciembre, en Recuay, Ancash, se inicia una extensa y violenta manifestación contra el proyecto minero Huambo que iniciaba trabajos de exploración en Catac afectando, según informan los manifestantes, la cuenca de Conococha. La forma en que el Ministerio de Energía y Minas ha reaccionado, cancelando la licencia de exploración que había otorgado, pone de manifiesto la forma errática y puramente reactiva en que se conduce este sector animando con ese proceder las percepciones que favorecen el rechazo de las inversiones en este campo.

Esperamos que la rápida adhesión del reelegido Presidente Regional al movimiento suscitado alrededor de este proyecto, Huambo, ojalá no sea el preludio de relaciones de conflicto con un sector que a través del canon y las regalías hace de Ancash una región, por lo menos económicamente privilegiada.

¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer?

Después de más de 15 años del nuevo desarrollo de la actividad minera y asistiendo al crecimiento de los conflictos sociales, asociados a su auge, nos preguntamos ¿que es lo que está pasando con la inversión en el sector minero?. Pensamos que no ha habido un buen manejo de la política en este campo y que, a pesar de todos los cambios que se han exigido en el marco de la legislación vigente, los gobiernos han preferido mantener prácticas lesivas contra los derechos de participación ciudadana en lugar de concertar con estos las mejores formas para desarrollar las actividades del sector minero aprovechando sus potenciales beneficios y el nivel tecnológico que hoy permite aprovechar recursos naturales mitigando o evitando mayores daños sobre el medio ambiente.

Desde luego, la forma en que se aprueban los EIA subestimado la participación ciudadana o de los pueblos indígenas, la falta de fiscalización y sanción oportuna para quienes producen daños sobre el medio ambiente y la salud de las personas, la deficiente aplicación de los beneficios del canon y las regalías a favor de las poblaciones que reciben los mayores impactos negativos, etc., son algunos de los aspectos en los que falla el Estado y que vienen dando motivo para una creciente desaprobación de estas actividades en las zonas o regiones donde estas se instalan.

Por otra parte, aunque en el sector empresarial existe una tendencia que va dejando de lado las miradas cortoplacistas para comprometerse en tareas de largo plazo, como en el caso del mencionado Grupo Norte en Cajamarca, persiste en el sector una tendencia a desconocer la complejidad del tema social, lo que se revela en el diferente tratamiento que en recursos humanos y técnicos se da a los impactos físicos y bióticos frente a los de carácter social, sobre todo atendiendo a los complejos temas culturales y políticos.

Dentro de este panorama, aunque desde la sociedad civil existe un esfuerzo que sigue ganando adeptos a favor del diálogo y del desarrollo sostenible de la minería (4), la situación que hemos descrito, sumada a una cultura de confrontación de la cual la minería no ha estado ausente, está poniendo en riesgo la sostenibilidad de esta actividad, quizás ya no tanto por el lado físico o biótico ambiental, sino por el lado de las percepciones sociales, políticas y culturales sin cuyo concurso y bajo reglas democráticas no será posible seguir afirmando que la minería es parte de un proyecto de desarrollo sostenible (5).

En este sentido, consideramos que el año 2011 es un año de grandes definiciones donde debe primar una actitud de cambio y de diálogo que permita dentro de nuestra realidad pluricultural acercar los diferentes intereses en juego y establecer acuerdos duraderos para que las actividades mineras, preservando o minimizando sus impactos sobre la naturaleza, contribuya a su vez, a generar mejores condiciones de vida para las generaciones del hoy y del mañana. Creemos que esto es un proceso difícil, contradictorio, pero consideramos necesario asumirlo si de veras coincidimos en el objetivo de procurar un tipo de desarrollo sostenible.

NOTAS:

(1)Véase en este mismo Blog el artículo "2010: Escenario Probable Para las Inversiones Minero-energéticas" del 24 de Diciembre del 2009.

(2)El Grupo Norte esta constituido por las siguientes compañías mineras: La Zanja, Yanacocha, Coimolache,Gold Fields La Cima, Colquirrumi, Lumina Copper, Buenaventura, Anglo American Michiquillay; además, por la Asociación Los Andes de Cajamarca, el Grupo Gloria, el Quinde Shopping Plaza, Piscifactoría Peña y FONCREAGRO.

(3) El Grupo Norte viene avanzando en el desarrollo de infraestructura que genere "activos ambientales" sobre todo para mejorar el aprovechamiento del agua por las cuencas en que sus proyectos tienen influencia. Así, Yanacocha ha convertido un tajo, producto de sus operaciones, en un reservorio de agua que permite optimizar el uso de este recurso por las poblaciones que se encuentran en su entorno. En esa misma línea, la generación de activos ambientales, el Proyecto La Zanja en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, aparte de apoyar un programa de electrificación rural a favor de los pueblos que se encuentran en su área de influencia, antes de iniciar sus operaciones, ha puesto a disposición de las comunidades que se encuentran en la cuenca que ocupan un reservorio de agua, que como en el caso anterior constituye un activo que técnicamente es una base fundamental para el mejor desarrollo de la agricultura y ganadería de esta zona.

Por otra parte, estas mismas empresas vienen desarrollando acciones de remediación dentro de sus operaciones recuperando los terrenos o áreas disturbadas principalmente para la ganadería. Cabe destacar el trabajo que realiza la Cía. Colquirrumi que no se dedica a explorar o explotar yacimientos sino a remediar pasivos ambientales en zonas mineras de Hualgayoc. El uso de técnicas modernas para clausurar minas de socavón que vierten aguas ácidas, para eliminar los efectos de depósitos de relaves abandonados o para remediar suelos disturbados por la vieja minería y convertirlos en aptos para fines agrícolas es una labor que demuestra objetivamente las posibilidades de que la minería puede en efecto evitar y mitigar los impactos negativos que produce sobre la naturaleza.

(4) Ejemplo de ello es el mantenimiento y desarrollo del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible al que concurren empresarios del sector minero, funcionarios del Estado, representantes de ONG y de distintas organizaciones sociales para generar un espacio y clima de diálogo favorable a un entendimiento de los diversos puntos de vista sobre la minería y el desarrollo del país.

(5) De acuerdo con la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo ( Declaración de Río, 1992) el desarrollo sostenible supone "satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades." Se comprende además que esta definición tiene tres pilares, el crecimiento económico, la equidad social y la preservación del medio ambiente.

El indigenismo tras el movimiento social

En febrero del presente año nuestro Consultor, Alfredo J. Cafferata Farfán, participó del Diplomado Internacional "Derechos Indígenas, Interculturalidad y Defensa del Medio Ambiente" organizado por el Grupo Parlamentario Indígena del Perú en convenio con las Universidad San Antonio Abad del Cuzco. En esa ocasión, presentó un comentario respecto de una Conferencia dictada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia en el seno de un Encuentro Latinoamericano de Pueblos Indígenas en el Ecuador(1).

Con algunas variaciones de forma presentamos el comentario citado, por considerar que lo expresado presenta un punto importante en el proceso de entender la dinamica del pensamiento actual del ¨mundo indigena"(2) que, como se comprenderá luego, no se queda en conseguir un mejor posicionamiento frente a negociaciones coyunturales con empresas o proyectos específicos que el Estado apoya, sino que avanza hacia posiciones ideológicas que tienden a sostener un proyecto político latinoamericano y que bien puede significar una nueva etapa del indigenismo en esta parte del Continente.

PROPUESTA BOLIVIANA SOBRE EL "VIVIR BIEN"

Por: Alfredo Jorge Cafferata Farfán

En una ponencia presentada en el Encuentro Latinoamericano "Pachamama, Pueblos, Liberación y Sumak Kausay" (Quito, 27 de Enero del 2010), el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Sr. David Choquehuanca, expuso su punto de vista sobre el sentido del "Vivir Bien".

Resumiendo su ponencia "Hacia la reconstrucción del Vivir Bien", el citado Ministro sostiene lo siguiente:

1. Que el mundo occidental es responsable de la explotación irracional de los recursos naturales, de las desigualdades sociales y del modo en que la industrialización, el consumismo y el afán de acaparamiento individual, vienen malogrando el planeta, la tierra y el desarrollo de los pueblos y culturas indígenas.


2. Que, las diversas propuestas de desarrollo del mundo occidental sólo apuntan a la explotación de unos hombres por otros y a la destrucción de la naturaleza, lo que se conoce como "Vivir Mejor".


3. Ante esta alternativa, la del "Vivir Mejor", que solo asegura "la guerra, la muerte y la destrucción", solo queda como alternativa "el camino indígena de la armonía con la naturaleza y la vida", el mismo que se nutre de la sabiduría de los pueblos conformantes del "ABYA YALA". De este modo se podrán reconstruir los valores y la cultura de vida de nuestros antepasados, "nuevamente tenemos que volver a ser, porque la colonización ha hecho que nosotros dejemos de ser .... Ahora queremos nuevamente volver a ser qamiri volver a ser iyambae, volver a ser qhapaj".

COMENTARIOS A LO DISERTADO POR EL MINISTRO DAVID CHOQUEHUANCA

1. Sin duda esta ponencia, que revela un tipo de pensamiento que va madurando en el seno del movimiento indígena latinoamericano, es una respuesta a la forma en que las políticas de libre mercado se extienden tras el proceso de globalización afectando, sobre todo por la explotación de materias primas, los territorios y cultura que caracterizan a los pueblos indígenas en esta parte del continente americano.
   
2. Un concepto fundamental que se presenta en la ponencia es el de equilibrio en las relaciones entre los hombres y mujeres y de estos con la naturaleza como un objetivo a seguir para resolver los problemas que hoy tiene el mundo. Este principio, al que no son ajenas históricamente las comunidades o pueblos andinos en la forma como manejan lo individual y lo colectivo, no es sin embargo, una máxima que solo aparece en los pueblos indígenas; se encuentra en la filosofía oriental (Confucio) y también desde muy antiguo en la evolución de las ideas occidentales.


3. Sobre esto último cabe destacar los trabajos de Norberto Bobbio quien postula las ideas de equilibrio y armonía entre el individualismo y el comunitarismo como modo de resolver el desbalance que se da cuando predomina el liberalismo en detrimento de los social o al revés cuando el esfuerzo por colectivizar anula las individualidades.


4. Hay una contradicción flagrante en la propuesta ideológica del Ministro Choquehuanca. Plantea como principio fundamental el equilibrio pero a la vez postula que lo más importante es lo comunal frente al individuo lo que de hecho es contrario al concepto de armonía y equilibrio. igualmente, sostiene que debemos guiarnos "más por el corazón que por la razón", cuestión que entra en conflicto con la necesidad más bien de complementar en forma equilibrada lo que manda cada uno de estos aspectos de nuestra vida.
   
5. Es por ello quizás que, por un estado anímico contrario al reconocimiento de los aportes del "mundo occidental", pasa por alto el hecho histórico que todas las naciones - como la nuestra - han pasado y siguen transitando por un complicado proceso de mestizaje cultural, confrontacional en muchos casos, pero que demanda integración y no el desconocimiento de unos por otros.
   
6. A propósito de lo que venimos exponiendo, cabe recordar que J.C. Mariátegui y J.M. Arguedas, ambos reconocidos por su notable contribución al movimiento y pensamiento social indígena, cada uno en su momento, lo valoraron por la forma en que denunciaban las condiciones de los pueblos indígenas, pero rechazaron las propuestas que pretendían, contra toda tendencia histórica volver al pasado pre colonial.


7. Más aún, Mariátegui, armonizando sus ideas socialistas con las reivindicaciones indígenas, en histórica polémica con Luis Alberto Sánchez, sostuvo: "no es mi ideal el Perú Colonial ni el Perú Incaico, sino un Perú integral, ideal compatible con los indigenistas auténticos que colaboran consientemente o no en una obra política de reivindicación no de restauración ni resurrección." Por su parte, Arguedas, dentro de sus tesis sobre el mestizaje, descartando los programas de desarrollo comunal que pretendían disolver la cultura indígena, muestra no sólo la aptitud de esta para aprovechar la cultura occidental sino también sus capacidades para extenderse e integrarse dando forma o construyendo, en lo nacional, una nueva unidad sobre la diversidad.


8. La ideología que busca representar el Ministro Boliviano resulta contradictoria con la política del Gobierno al que pertenece y donde supuestamente dominan los principios que ha expuesto. Así, en materia económica sus principales esfuerzos están encaminados a explotar con el apoyo de empresas transnacionales (empresa de la India JINDAI) riquezas minerales e hidrocarburíferas que, desde luego, van a afectar el medio natural y le van a dar importantes ganancias a JINDAI (40% es su participación en sociedad con el Estado Boliviano). En otras palabras, las riquezas del subsuelo van a ser explotadas tan igual como en el resto del mundo occidental.


9. En materia política, si bien se ha declarado un Estado multinacional y se ha dado a las comunidades jurisdicción municipal para el gobierno de sus pueblos y territorios, el proceso constitucional se ha realizado bajo las características de lo que se denomina una "dictadura soberana", esto es, desconociendo el régimen constitucional existente y las reglas que rigen la aprobación de una nueva Constitución. Por cierto, no fue el consenso la forma empleada para aprobar la Nueva Constitución Boliviana, tal como se postula en la concepción democrática del Ministro Choquehuanca, sino la imposición de la mayoría sobre la minoría.

Bajo estas consideraciones, sin perder de vista el principio del equilibrio y de la armonía que aparecen en distintos pensamientos, occidentales y no occidentales, convendría buscar una alternativa de pensamiento que contribuya a construir un futuro sobre la base de lo que hoy existe revalorado y aprovechando lo que la diversidad cultural y los métodos democráticos nos ofrrecen para integrarnos y lograr el desarrollo armonioso de la humanidad, sus culturas y el medio natural.

Lima, 25 de Febrero del 2010

Notas:

(1) Extractos de la Conferencia pueden encontrarse en la Revista "América Latina en Movimiento N°452 de Febrero de 2010: http//alainet.org/publica/452.phtml

(2) Se usa el término o concepto indígena en el sentido cultural, no en la forma peyorativa que por mucho tiempo, antes de la reforma agraria de 1969, tuvo en el Perú.

Propuestas sobre los estudios de impacto ambiental (EIA)

Por: Alfredo J. Cafferata Farfán

El 27 de Abril pasado el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) llevó a cabo un importante evento en el cual se expusieron distintos puntos de vista respecto del modo en que podrían ser mejorados los actuales estudios de impacto ambiental (EIA) en el sector minero; fueron puestos en cuestión los aspectos normativos que rigen para este tipo de trabajos, la forma en que se realizan y, a su vez, el modo en que se exponen y aprueban (1).

Partiendo de nuestra experiencia y de lo que observamos respecto de la manera en que los EIA se convierten en parte de los conflictos socioambientales que afectan las actividades del sector minero, consideramos pertinente contribuir al debate que ha abierto el Grupo de Diálogo, GDMDS, alcanzando de modo muy breve nuestras principales ideas sobre este particular.

1.- Adaptación de los EIA al Convenio 169.

Una cuestión que no debe postergarse por más tiempo es la adaptación de las normas y procedimientos que se siguen en los EIA a lo que dispone el Convenio 169 sobre pueblos indígenas. Esto, no sólo porque es obligatorio desde que se ratificara el citado Acuerdo Internacional en 1994, sino porque es necesario para evitar que la naturaleza y dimensión que vienen tomando los conflictos sociales sigan afectando las posibilidades de mayor crecimiento económico en un ambiente de razonable equilibrio entre los diferentes intereses en juego.

Así, si conforme al citado Convenio la normatividad y los procedimientos que se utilizan en los EIA aseguran la cooperación y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas o nativas, se podrá evitar las especulaciones que abren el camino para percepciones negativas que luego son muy díficiles de modificar y que constituyen una variable fundamental en el desarrollo de los conflictos (2).

Es más, en virtud de la participación de las comunidades o de sus instituciones representativas, el conocimiento del modo en que finalmente se ha hecho el estudio determinando en qué medida sus intereses no serían significativamente afectados o , en todo caso, la forma en que se podrían evitar o minimizar impactos negativos con las consiguientes compensaciones o indemnizaciones a que hubiera lugar, deja la posibilidad de un diálogo de buena fe en el cual las partes puedan finalmente ponerse de acuerdo sobre la pertinencia social y ambiental de un proyecto sin dar lugar a posiciones confrontacionales.

Desde luego, la consulta bajo este contexto no sería más que un proceso en el cual diversos grupos de interés y actores sociales actuarían con respeto a la propiedad individual y colectiva, a las costumbres de los pueblos y su biodiversidad frente a los requerimientos de una política pública que auspicia la inversión en la explotación de las riquezas mineras en las que es pródigo nuestro suelo.

2. La autoridad competente en materia de los EIA

Un tema donde hay grandes coincidencias desde diferentes puntos de vista es la necesidad de que los EIA del sector minero sean normados, revisados y aprobados o desaprobados por el Ministerio del Ambiente y no como ocurre hasta hoy, por el Ministerio de Energía y Minas. Este sería un paso fundamental en el fortalecimiento de las políticas ambientales destinadas a proteger la extraordinaria biodiversidad del país y desde luego los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus tierras (3).

La creación del Ministerio del Ambiente y luego el pase de las competencias de fiscalización sobre las actividades minero energéticas, hasta hace poco en poder del Ministerio de Energía y Minas y luego de OSINERGMIN, a esta nueva institución especializada es una pauta para continuar en esta dirección, dejando que esta entidad sea el filtro técnico que, desde su fase inicial, disponga la forma en que deben realizarse los EIA, su supervisión y los requisitos que deben cumplir para su aprobación.

De este modo se evitaría la percepción según la cual la realización y exposición de los Estudios de Impacto Ambiental solo se hacen con el objeto de cumplir con un requisito formal para aprobar un proyecto minero, hidrocarburífero o energético, dejando de lado el hecho que las normas obligan a una evaluación rigurosa sobre los efectos de un proyecto para aprobarlo o desaprobarlo o en su defecto para determinar las condiciones en qué técnicamente este sería viable sin impactar de modo significativo y negativo sobre el medio ambiente y social.

Desde luego, una medida de esta naturaleza, al dar mayores garantías de objetividad e independencia frente al inversionista, debilitará la percepción según la cual el Gobierno trabaja sólo a favor de las empresas sin considerar los aspectos ambientales y sociales que son comprometidos por las actividades mineras y, de modo consiguiente, dará un mejor contexto para la cooperación, la participación y las consultas que sean pertinentes con la población o pueblos involucrados en este tipo de proyectos.

3.-Los parámetros ambientales y sociales permisibles

Hay un esfuerzo importante por ir avanzado en la mejora de los "límites máximos permisibles" (LMP) que serían tolerables considerando las condiciones ecológicas especiales que identifican las diferencias mayores entre la costa la sierra y la selva y que tienen por propósito poner a buen recaudo las condiciones en que se desarrolla la biodiversidad propia de estas regiones (4). No existe en cambio o no conocemos de estudios que vayan determinando bajo qué parámetros se evaluarían los límites permisibles para los impactos que en materia económica, social, cultural y política pueden producir los proyectos de inversión en el sector minero.

Si se toma en cuenta que los conflictos socioambientales son protagonizados por diversos actores sociales, comunidades campesinas o nativas más de las veces, no debieran desvincularse los probables impactos ambientales de los impactos sociales y, en tal caso, habría que precisar hasta qué punto los aspectos vulnerables de los pueblos que se encuentran, sobre todo en el área de influencia directa de los proyectos, podrían ser afectados sin que se altere de modo significativo y negativo sus estilos de vida, su economía o su cultura.

Esto último resulta tanto o más pertinente por la relación íntima que, en especial en la sierra y la selva del país, existe entre la biodiversidad y los pueblos que siendo culturalmente distintos al resto de la sociedad, no sólo tienen conocimiento ancestral sobre el manejo de su medio ambiente sino que, además, conforme al Convenio 169 tienen derechos sobre el uso de esos recursos. En esta medida, los avances que se vienen trabajando para mejorar los LMP en el medio ambiente serán mucho más consistentes si se integran a este esfuerzo la fijación de los límites sociales en tanto el área comprometida por la inversión se encuentra ocupada por algún o algunos pueblos.

Sólo de esta manera podremos preservar o garantizar de modo sostenido que el medio ambiente se desarrolle en equilibrio con el medio social y ambos en similar armonía con la inversión minera.

4. Hacia un enfoque objetivo e integral de los EIA.

Aparte de los problemas de lenguaje y lo frondoso que resultan los EIA, consideramos importante que se desarrolle un enfoque objetivo, imparcial que refleje, a su vez, de modo integral los posibles impactos de los proyectos que son objeto de evaluación. En este sentido, a nuestro parecer es fundamental lo siguiente:

• Evitar los sesgos que se atribuyen a estos estudios por el hecho de ser financiados directamente por las empresas interesadas en sus proyectos. Ante esto habría que ver un mecanismo por el cual se asegure la independencia de quienes hacen estos trabajos y que los mismos, conforme a las reglas de toda investigación eviten la interferencia de prejuicios o creencias que conduzcan a un manejo e interpretación parcializada de la realidad.


• Articular los aspectos que se conocen como estrictamente ambientales con los aspectos sociales a fin de impedir una visión separada de los mismos propendiendo más bien a la comprensión y adecuada ponderación de las relaciones existentes entre el medio social y su medio ambiente. Esto contribuirá a facilitar la revisión de los EIA en la medida que una exposición en la que se integra lo ambiental y social refleja mejor la realidad cotidiana de los pueblos que se sienten afectados por un proyecto minero.


• Un enfoque objetivo e integral de los posibles impactos ambientales debe incorporar los impactos acumulativos que ya se vienen produciendo en la misma zona por similares proyectos u otras actividades de modo que en lugar de presentar sólo los que produce el proyecto, lo cual es una visión sesgada o parcial del problema, se presenten los reales impactos del proyecto frente a la situación existente.


• Toda evaluación de impactos debe ser cuantificada y ponderada a fin de mostrar de modo gráfico las dimensiones que estos podrían tener sobre el medio ambiente y su componente social para lo cual, dicho sea de paso ya existen métodos que pueden ser adaptados a nuestra realidad (5). Esto facilitaría el análisis de costo beneficio y daría mejores elementos de juicio para el diálogo y las resoluciones que finalmente deben tomar las autoridades competentes.


• La valoración económica de los impactos ambientales para lo cual existen métodos que incluyen a realidades con escaso desarrollo del mercado y que son especialmente importantes para las medidas de compensación y de indemnización que deben desarrollarse para mitigar los probables impactos negativos de todo proyecto minero. Esto permitirá contar con una base objetiva que contribuya a acuerdos sostenibles con las personas o pueblos afectados evitando o minimizando potenciales motivos de conflicto.

Palabras finales: Entre el conflicto y el cambio necesario

Es posible que estas y otras propuestas dentro del diálogo que auspicia el GDMDS sean vistas como una valla más que; como en el caso de la aprobación, por parte del Congreso de la República, de la Ley de Consulta, tiende a limitar el avance de las inversiones en el sector minero. Es probable que esto sea cierto, pero hay que tomar en cuenta que ya existe esa retracción por la intensidad y amplitud que han tomado los conflictos sociales en los últimos años, gran parte de los cuales han sido ocasionados de modo reciente por el incumplimiento del Convenio 169 y por las percepciones que existen respecto del papel presuntamente sesgado del Estado, en especial por el Ministerio del Sector (6).

Por tanto, las modificaciones que deban hacerse a los EIA en los asuntos que hemos tocado habría que verlos como una forma de atenuar los factores que vienen alimentando los conflictos que de modo creciente obstaculizan las inversiones en el sector minero, más aún si estos cambios son resultado, tal como propicia el GDMDS, de una discusión de la que participan representantes del Estado, empresarios, ONG, dirigentes de comunidades o de los pueblos involucrados, Consultoras, etc.. Esto asegurará una cuestión en la que todos estamos de acuerdo; frente a un pasado no muy lejano en que el sector minero fue ajeno a los impactos ambientales y sociales, hoy interesa que estas inversiones, dentro de los principios de desarrollo sostenible aseguren mejores condiciones de vida para las generaciones futuras.

NOTAS
(1) Sobre el diálodo desarrollado por el GDMDS puede verse: http://www.grupodedialogo.org.pe/
(2) Véase el artículo "Variables Claves en la Tipología y Dinámica de los Conflictos Socioambientales" en: http://quorum-sc.blogspot.com/2009_11_01_archive.html

(3) Para mayores precisiones véase el Art. 17 del Convenio 169, incisos 1 y 2.

(4) Se tiene conocimiento que desde el 2008 en coordinación con CONAM, luego Ministerio del Ambiente, y otras instituciones la Dirección General de Medio Ambiente del Sector Minero viene trabajando la actualización de los LMP, lo mismo que PERCAN (Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Mineros del Perú) desde el año 2007.

(5) Al respecto puede revisarse el estudio de Vicente Conesa Fernandez-Vitora, "Guía Metodológica para los Estudios de Impacto Ambiental" que ya va por varias ediciones desde España.

(6) Véase la edición del diario "El Comercio", Sección "Economía y Negocios" correspondiente al 14 de mayo de 2010.

PARA QUE NUNCA MAS VUELVA A SUCEDER: A propósito del Informe de la OIT sobre el Convenio 169

Por: Alfredo Cafferata Farfán

Con la colaboración de Antonio Ríos Rodriguez

La trascendencia nacional e internacional de los hechos de Bagua en Junio del 2009 han motivado que el Informe 2010 de la "Comisión Especial de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones" de la OIT respecto del cumplimiento por el Gobierno del Perú, del Convenio 169, esté claramente marcado por la gravedad de este conflicto y por la necesidad de definir una serie de recomendaciones para evitar nuevos actos de violencia frente al desarrollo de políticas que tienden a desconocer los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en las actividades de explotación minera y de hidrocarburos.

En lo que sigue y considerando el buen propósito y la perspectiva que encierra el título del Informe Final que hizo la "Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua"; "PARA QUE NUNCA MAS VUELVA A SUCEDER" comentamos brevemente las principales recomendaciones de la OIT para el año 2010.

1° Investigar de modo eficaz e imparcial los acontecimientos de Bagua en Junio del 2009.-

A estas alturas es obvio que la "Comisión Especial" que se nombró para investigar estos sucesos ha fracasado, a nuestro parecer porque sus integrantes, representantes del Gobierno y de los pueblos indígenas protagonistas del conflicto, no están en las mejores condiciones para hacer un examen imparcial . El hecho concreto es que esta Comisión se ha escindido. Su Presidente ha objetado, no sin razón, que la redacción final del informe no reúne la objetividad que el caso requería para plantear posibilidades de reconciliación y de un nuevo diálogo entre el Gobierno y los representantes de los pueblos indígenas.

Lo más adecuado en este caso es que el Gobierno y los representantes de los pueblos indígenas definan un mecanismo de formación de una nueva Comisión cuyos integrantes no hayan sido parte de quienes intervinieron en este conflicto. Sólo desde fuera de los protagonistas, con personalidades de reconocida solvencia profesional y moral es posible acercanos a la verdad y a propuestas de conciliación duraderas.

2° Trabajar el Proyecto de ley marco de los pueblos indígenas con sus represen tantes y conforme al Convenio 169.-

En nuestra opinión y en las actuales circunstancias, la forma más eficaz de ir adecuando nuestra legislación al Convenio 169 es a través de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para normar o reglamentar a través de Decretos Supremos las leyes existentes. En este caso, siendo el Convenio un instrumento jurídico con rango de ley, bien podría ser normado por el Poder Ejecutivo, coordinando con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, siempre en consulta con ellos, la dación de un Decreto Supremo que aborde los temas y artículos del Convenio 169 que la Comisión de Expertos de la OIT sugiere.

3° Un organismo y un plan de acción coordinado con los pueblos indígenas para la aplicación sistemática del Convenio.-

Sin duda la falta de una aplicación sistemática del Convenio, cuestión que se arrastra desde el año 1995, es la observación más dura que se le hace al Gobierno y la única forma de enmendarlo es a través de un Plan de Acción que, conforme al propio Convenio, debe ser realizado en coordinación y con la cooperación de los Pueblos Indígenas y, desde luego a traves de una entidad que en representación del Estado sea el organismo encargado de administrar los programas que conduzcan a la aplicación del Convenio en todos sus alcances.

En este sentido, la recreación de INDEPA con esta expresa finalidad y un Plan de Acción inmediato, serían pasos fundamentales para avanzar en la protección de los derechos de estos pueblos y su integración armoniosa a los beneficios y responsabilidades del desarrollo nacional.

4° Los procesos de Consulta y las normas del Ministerio de Energía y Minas

En esto cabe especial responsabilidad en el Ministerio de Energía y Minas al desarrollar mecanismos de consulta que no satisfacen lo que exige el Convenio 169 y que además, como es obvio, han dado pie a un movimiento adverso a la política en materia de inversión minera, hidrocarburífera y energética en la amazonia y la región andina.

Lo mejor sería que esas normas, en coordinación con los representantes de los pueblos indígenas se hagan con arreglo a lo que demanda el Convenio, buscando bajo mecanismos flexibles y de buena fe, los consensos necesarios para que los grandes proyectos de inversión se realicen resolviendo de modo concertado los asuntos que resulten controversiales.

5° Supender exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se asegure participación y consulta con pueblos que podrían o son afectados por estas actividades.

No se puede seguir una política de inversión que desconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Esto sólo puede conducir al agravamiento de los conflictos sociales cuya expresión más dura hasta hoy, han sido los sucesos de Junio del 2009. Sin embargo, políticamente una supensión de esas actividades en proceso, lejos de acercarnos podría agudizar los problemas que en esta materia ya tiene el país.

Más bien, lo que el Gobierno tendría que hacer es cambiar de modo inmediato todos aquellos aspectos que resultan controversiales en el desarrollo de la inversión, en especial lo que se refiere al trato democrático que vía la consulta y el respeto a sus prioridades de desarrollo reclaman los pueblos indígenas considerando que el problema empieza en el proceso de concesiones y continúa en las etapas de exploración y expllotación de los recursos naturales.

6° Garantizar que los pueblos afectados por las actividades de exploración o explotación de los recursos naturales reciban adecuada indemnización y participen de sus beneficios.

A pesar de la existencia del canon, las regalías y otros mecanismos previstos para que los pueblos indígenas reciban parte de los beneficios que producen las actividades mineras e hidrocarburíferas, esto no se produce de modo significativo. Sobre este particular, habría que revisar las normas aludidas de modo que lo que corresponde a las comunidades o pueblos indígenas sea usado autonomamente por estas recibiendo en las situaciones a que hubiera lugar el apoyo y la cooperación del Estado o de otras entidades que ellos mismos decidan.

De otra parte, los procesos de indemnización, compensación u otros que correspondan a los daños o impactos que puedan producir estas actividades deben regularse de modo tal que las valorizaciones se efectúen conforme a métodos científicos, en cooperación con las comunidades, estableciendo bases de negociación que garanticen acuerdos equitativos.

7° Educación para eliminar prejuicios sobre los pueblos indígenas cubiertos por el Convenio .

El problema que subyace al conflicto entre los pueblos indígenas y el o los gobiernos del país, no es sólo político, es también de orden étnico y en este aspecto históricamente no nos hemos desprendido del todo de nuestros prejuicios raciales o culturales respecto a aquellos.

En este sentido, bajo el concepto o el objetivo de eliminar prejuicios de orden cultural conviene que nuestra clase política y los diversos actores sociales, ONG, Iglesia, organizaciones indígenas, etc., tomen con rigor la conveniencia de abrir las puertas a un diálogo intercultural, esto es, un diálogo respetuoso y comprensivo con quienes son diferentes, para poder generar un clima de confianza en la perspectiva de una nación que se dirige hacia la unidad dentro de la diversidad.

Fin del resumen

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Conferencia del nuestro Director Consultor Dr. Alfredo Cafferata

Esta conferencia se realizó durante el mes de Noviembre 2009 en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía en Iquitos. En esta región por su configuración sociológica, resulta particularmente importante el tema del Convenio 169 de la OIT.

El Dr. Antonio PADILLA Yépez Director de la Escuela de Postgrado presenta a nuestro Director Consultor.

Conferencia sobre el Convenio 169 (Introducción)

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Hernando de Soto, la propiedad comunal y la gran inversión

Alfredo Cafferata Farfán

Con la colaboración de Antonio Ríos Rodriguez

En el documental "El Misterio del Capital de los indígenas amazónicos", producido y difundido por el Instituto Libertad y Democracia (ILD) que dirige el economista Hernando de Soto, se sostiene que para alcanzar la paz social en la amazonía, refiriendose a las situaciones de conflicto que se han generado entre entre la gran inversión y los derechos de los pueblos indígenas, una de las cuestiones que debe hacerse es la de convertir la propiedad comunal en propiedad privada siguiendo el modelo anglosajón. Esta tesis, a la que no son ajenas otros intelectuales y políticos inclusive(1), desarrolla una propuesta por la cual se considera podría resolverse el tema territorial, cuestión fundamental para el desarrollo de los pueblos indígenas de la amazonía.

Posibilidades para la propiedad comunal y la gran inversión

Sin embargo, a nuestro parecer, si bien es cierto el asunto de la propiedad territorial indígena es un tema que aún falta resolver, sea por defectos en los procesos de delimitación o porque aún hay un grupo de comunidades nativas que carecen del reconocimiento de las tierras que poseen (2), formalmente la propiedad comunal hoy, desde el punto de vista legal, no es un impedimento, como parece entenderse de la tesis antes expuesta, para el desarrollo de la gran inversión.

En efecto, conforme a la Constitución vigente, la propiedad comunal es reconocida con sus particularidades, con los atributos que de modo equivalente le corresponden a la propiedad privada. En virtud de ello la propiedad comunal desde el año 1993 ha dejado de ser inalienable e inembargable, es decir puede ser objeto de transacción comercial al igual que la propiedad privada. Desde luego eso pasa por un acuerdo entre las partes interesadas que obliga al diálogo, a la manifestación de intereses y a las negociaciones pertinentes. En este sentido, no hay impedimento legal para llegar a acuerdos comerciales con las comunidades en materia de inversión dentro de sus territorios.

De otra parte, la propiedad comunal, al igual que la privada, están protegidas en la Constitución vigente por los límites que se han puesto al Estado para evitar se vulneren los derechos de propiedad de manera tal que sólo en caso de necesidad pública o seguridad nacional, es posible que se proceda a la expropiación. Esto significa que el acceso al subsuelo con fines de explotación de los recursos naturales allí existentes, salvo que se trate de infraestructura para el servicio público o de una situación de seguridad nacional, no podría obtenerse de otra manera que no sea por la negociación entre las partes.

De este modo, normativamente, el propietario privado o comunal de las tierras superficiales, con la excepciones indicadas, tiene realmente control sobre el uso del suelo y del acceso al subsuelo y, por tanto, tiene en los hechos las mismas condiciones que un propietario dentro del derecho anglosajón para negociar en los términos más convenientes la explotación de la riqueza que se encuentra bajo su propiedad, pese a que estas pertenecen al Estado.

Por estas razones no es extraño que la ley 26505, "Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en el territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas", establezca que estas organizaciones no sólo son libres para adoptar el modelo empresarial que contribuya al desarrollo de cualquier actividad económica en su desarrollo, sino que además, pueden contratar o asociarse con otras empresas con el mismo fin.

En otras palabras, no hay impedimento para que las comunidades campesinas o nativas negocien empresarial y comercialmente los recursos que se encuentran en sus propiedades teniendo el camino libre para al igual que, las tribus de Alaska o de Canadá, organizarse empresariamente e impulsar su propio desarrollo en base a actividades como la de explotación de minerales, hidrocarburos y otros recursos.

Entonces, ¿el problema territorial no existe?

Lo expuesto no quiere decir que no exista el problema territorial como un asunto fundamental. Lo que sostenemos es que el régimen de la propiedad comunal normativa o legalmente no se opone al desarrollo de la inversión. Es más, el reconocimiento constitucional del derecho consuetudinario y su confirmación en el Convenio 169 como parte de las concepciones favorables al desarrollo pluricultural y al subsecuente pluralismo jurídico, dejan en libertad a las comunidades para que con arreglo a sus tradiciones o costumbres puedan concertar, conforme a sus intereses el mejor modo de asociarse con el sector privado interesado en el desarrollo de alguna actividad económica en sus tierras.

Lo que ocurre, en nuestra opinión, es que el desarrollo de las inversiones minero-energéticas en la selva carecen de una política concordada que, considerando en toda su extensión la extraordinaria riqueza ambiental y cultural de esta región, defina los parámetros ambientales y objetivos de la gran inversión de modo que no se afecte o se ponga en riesgo la calidad de este territorio para la vida que en este caso no solo tiene importancia local y regional, sino gran influencia en las condiciones del desarrollo nacional e internacional.

Frente a ello, la depredación de los bosques amazónicos, los casos de contaminación de sus ríos con las consecuencias que esto tiene para la flora y fauna de la región y para la misma subsistencia de su población ha producido la emergencia de un movimiento que apoyado en diversidad de actores; los pueblos amazónicos, ONG, Iglesias, etc, se opone de distintos modos a las grandes inversiones bajo la idea que estas solo aumentarán la destrucción y pobreza de esta región y sus habitantes.

Bajo esta perspectiva, el problema territorial se presenta como la falta de acuerdo entre los organismos del Estado, entre el Gobierno y los distintos pueblos de la amazonía, no sólo los pueblos indígenas, para una explotación racional de sus recursos sin que ello ponga en riesgo el medio ambiente y sus naturales aspiraciones de mejores condiciones de vida. Hacerlo es un proceso dificil y va a llevar tiempo del que se podría esperar. Es el riesgo de las formas democraticas, pero dada nuestras Constitución, la vigencia y exigencia sobre la aplicación del Convenio 169, no hay mejor camino para la inversión sostenible que un diálogo sistemático con los diferentes pueblos de la Amazonía, con sus actores sociales para definir el mejor desarrollo de la gran inversión.

La paz y el desarrollo económico, objetivos que están detras de las propuestas para conciliar los intereses de la gran inversión, los objetivos del o los gobiernos y de la población que representan, histórica, jurídica y políticamente pasan por el desarrollo de grandes acuerdos y esto sigue siendo un camino que debiera recorrerse como parte de la consolidación del Estado de Derecho y sus manifestaciones en la democracia de hoy.

Notas:

(1) Esto ha sido sostenido por algunos integrantes del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, en especial por el Dr. Miguel Santillana y, es parte de una iniciativa parlamentaria de un Congresista de Unidad Nacional.

(2) Según COFOPRI, de las 1 497 comunidades nativas inscritas, se han titulado 1 260.