Por: Alfredo Cafferata Farfán
El conflicto socio-ambiental en Puno
Sólo suspendido para facilitar el proceso electoral del 5 de Junio, el conflicto socio-ambiental que desde el 9 de mayo pasado se inició en Puno reclamando el retiro de la Minera Santa Ana y el cese de las concesiones mineras en su región, se ha reiniciado. Sin duda, los acuerdos tomados por el Gobierno con representantes del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales no han sido satisfactorios para los pueblos o comunidades Aymaras que tras el "Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno" son los principales protagonistas de este nuevo movimiento social.
Y no podía ser de otra manera, el diálogo y los acuerdos que el Gobierno Central había logrado antes de las elecciones del 5 de Junio se dio sin la participación de los dirigentes de los pueblos aymaras cuyos reclamos, teniendo como marco el Convenio 169, debieran ser atendidos a través del diálogo con sus representantes y revisando los actos administrativos que, como en el caso de las concesiones mineras, les podrían afectar.
En estas circunstancias, el Gobierno no ha logrado resolver el problema y más bien se viene agudizando, sea porque aparecen nuevos reclamos como el del proyecto hidroeléctrico de Inambari o porque tras el movimiento de estas comunidades se van sumando otros actores de la sociedad civil que actúan en defensa de los derechos indígenas y del ambiente (Red Muqui) o que como en el caso de los representantes de la Iglesia Católica actúan motivados por su doctrina social renovada en la V Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Carbe realizada en Aparecida, Brasil.
Obligaciones y alternativas del Gobierno saliente
Ante la gravedad del problema, el Gobierno no puede esperar que la solución se de luego del cambio de mando, el 28 de Julio próximo. Ello solo podría alentar la violencia, la extensión del conflicto y de modo especial las percepciones negativas sobre las actividades mineras y las consecuencias que todo esto tiene sobre el futuro de las inversiones y el desarrollo del país.
En este contexto consideramos indispensable que la Presidenta del Consejo de Ministros, dentro del Marco Legal del Convenio 169, de los pasos necesarios para establecer el diálogo y la negociación que corresponde con los representantes de las comunidades campesinas de Puno, cuestión que no excluye a dirigentes que respondan a organizaciones de mayor nivel. Debiera buscarse, además, dada la desconfianza que existe hacia los representantes de un gobierno que está de salida, buscar el apoyo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica que podrían actuar como garantes y facilitadores de las negociaciones y acuerdos que se tomen.
Este diálogo debe darse por supuesto en un lugar neutral y con las mayores garantías para los funcionarios de gobierno y representantes de los pueblos indígenas, de modo que se den condiciones mínimas para lograr, bajo el principio de buena fe, resultados productivos que garantice la continuidad en las políticas que han permitido el crecimiento del país y que ahora deben servir con mayor énfasis para lograr el equilibrio social que desde buen tiempo se demanda.
Una alternativa de solución respecto del problema que representan las concesiones mineras para las comunidades amparadas por el Convenio 169 es la que da el abogado y profesor universitario, Dr. Antonio Peña Jumpa, quien sostiene que al no "haberse hecho las consultas previas" las resoluciones administrativas consiguientes "devienen nulas, lo que significa que [...] deben cancelarse y reiniciarse los procedimentos conforme a la norma internacional citada."(1)
Esto, si bien es cierto no se da en las mejores circunstancias, es decir dentro de canales institucionales que hace quince años han debido establecerse para tratar los asuntos referidos a la aplicación del Convenio 169, genera condiciones favorables para que en un momento de transición democrática marcado por el principio de mayor inclusión social, se comience a dar medidas que equilibren el necesario crecimiento económico con las demandas del desarrollo social y la protección ambiental.
El nuevo gobierno y los conflictos socio-ambientales
Todo apunta a considerar que el Gobierno que representará Ollanta Humala será en términos políticos de centro izquierda, esto es un gobierno que aceptando la importancia de la economía de mercado, pone especial énfasis en las políticas redistributivas o igualitaristas. En esta medida, no sólo es de esperar que plantee cambios de orden tributario que ya se anuncian y debaten, sino también cambios en lo que se refiere a los conflictos socio-ambientales teniendo como instrumento fundamental la aplicación del Convenio 169.
Sobre este último asunto y teniendo en cuenta las características del movimiento que se viene dando en Puno consideramos que, más allá de esta coyuntura, el nuevo gobierno debiera:
- Crear o constituir en el más breve plazo una entidad que con la debida autonomía, jerarquía y recursos esté en capacidad de asumir la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, a su vez, diseñar y conducir en coordinación con los representantes de estos pueblos las políticas que tiendan a eliminar las desigualdades sociales que afectan actualmente a estos. La resistencia de los diversos organismos del Estado para aplicar el Convenio 169, no obstante la importancia de las comunidades campesinas y nativas de la selva en los territorios de buena parte del país, aconsejan esta medida.
- Adecuar de modo urgente las reglas o normas referidas a concesiones y a procesos de exploración y explotación del sector minero conforme a lo dispuesto por el Convenio 169, sobre todo en lo que se refiere al derecho de consulta previa cuando se afectan territorios de pueblos identificados como indígenas, debiendo los organismos del Estado, incluido el nivel Regional, tomar la iniciativa para lograr la cooperación y participación de las comunidades alrededor de los proyectos de inversión que presumiblemente pudieran afectar sus intereses.
- Conforme a los Principios del Desarrollo Sostenible suscritos por el Perú, la política referida a la agricultura andina y a las actividades que caracterizan a los pueblos amazónicos (caza, pesca, etc) debiera ser equivalente al esfuerzo que se pone en el crecimiento de la inversión minera y de otras que impliquen la explotación de nuestros recursos naturales. Extender la asistencia técnica mejorando el capital humano bajo un sistema de innovación tecnológica, debe suponer para las comunidades andinas y amazónicas un tratamiento especial que les garantice atender sus prioridades de desarrollo y, sin pérdida de su identidad cultural, su mejor integración al resto de la sociedad.
- Urge tomar medidas en las que el Estado, con un mayor esfuerzo, lleve a cabo programas amplios de remediación ambiental y diseñe y ejecute políticas de fiscalización más eficaces para sancionar, evitar o mitigar oportunamente prácticas ambientales nocivas para la biodiversidad, sus ecosistemas y para la salud (física, mental y social) de los seres humanos, reduciendo o eliminando las condiciones que permiten el progreso de las percepciones negativas que afectan las inversiones y actividades mineras.
- Tan importante como lo ya expuesto es considerar el componente cultural de los conflictos socio-ambientales cuestión que demanda, por parte del Estado y del sector empresarial ligado a la minería, un esfuerzo por comprender la especial cultura andina y amazónica, pues en estos pueblos, a pesar que no están desligados del mercado y que muchos de ellos han transitado en mayor o menor grado hacia el mestizaje cultural, mantienen una forma diferente de valorar los recursos que se encuentran en el territorio que ocupan, el modo en que los aprovechan y el mayor peso que les dan a los derechos colectivos frente a los individuales.
Si los organismos del Estado, en el nuevo gobierno, logran la cooperación y participación de los pueblos indígenas, de las empresas y de otros actores sociales, para llevar adelante estas y otras medidas en el marco del Convenio 169, habiendo un extendido consenso para que la minería se desarrolle en armonía con los principios de desarrollo sostenible, respetando los derechos de los pueblos indígenas y reduciendo o eliminando las desigualdades sociales, no sólo se garantizaría una mejor coexistencia entre minería y agricultura, sino también se progresaría en el reto de construir la unidad del país dentro de la diversidad.
Nota:
(1) Diario La República, edición del sábado 11 de Junio de 2010, Pág. 13.
