Por Alfredo Cafferata Farfán
Los conflictos sociales y las inversiones
El reporte de Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el Perú a diciembre del 2008 da cuenta de un incremento progresivo de estos y de la existencia de 197 casos de los cuales 134 se encuentran activos y 63 en estado latente. Si se tiene en cuenta que el 47.76% de los conflictos activos se relacionan con algún proyecto de inversión importante en la minería, la generación de energía, la industria y la agricultura; sin duda, lo que revela el citado documento es una situación que merece analizarse.
De los 134 conflictos sociales activos, el 47 % (63 casos) corresponden a la presencia o funcionamiento de proyectos de inversión; en todos ellos se reclaman cuestiones que podrían considerarse legítimas y solucionables en la medida que todos o la mayor parte se encuentran dentro de un marco legal que prevé la resolución de los mismos.
Sin embargo, como es evidente, esto no es así; los conflictos, en unos casos más que en otros, tienden a aplazar o perturbar el desarrollo de los proyectos perjudicando a la población que podría beneficiarse de los mismos.
Al parecer, en estos conflictos tiende a primar la falta de información y diálogo sobre las políticas públicas que promueven la inversión sostenible, contribuyendo, sobre todo en las comunidades andinas y nativas, al desarrollo de temores o presuntos riesgo de contaminación y de pérdida de fuentes de vida que motivan la mayor parte de conflictos sociales, sobre todo alrededor de la inversión en minería e hidrocarburos (82.4%).
En este sentido es notoria la ausencia en particular del Poder Ejecutivo que, considerando la situación especial de las comunidades andinas y nativas, está llamado a informar a la población el sentido y los posibles impactos de cada proyecto a fin de proveer a la inversión, cualquiera que ella fuese, de un clima favorable a su desarrollo.
Actores sociales detrás de los conflictos
Esta circunstancia es aprovechada por grupos de lenguaje radical que en el afán de mantener un espacio político que les permita tener vigencia y posibilidades de presión sobre las políticas locales, regionales o nacionales conducen estos conflictos hacia posiciones duras que postergan o perturban el proceso de todo proyecto de inversión. No es extraño por esta y otras razones que de los 63 conflictos sociales alrededor de los diversos proyectos de inversión sólo en el 43%, se haya establecido o facilitado el diálogo.
Desde luego los conflictos sociales no se dan, por lo general, de modo espontáneo ni desarticulado. Existen una serie de organizaciones que bajo legítimos principios de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente o de la búsqueda de mayor equidad social se conectan con las comunidades que supuestamente serían afectadas por los proyectos de inversión a fin de apoyar, si acaso no dirigir, sus luchas o negociaciones. De este modo se vinculan además con los grupos locales que lideran o buscan liderar el movimiento de los pueblos sobre los que influyen.
A pesar de la legitimidad de los propósitos de esas organizaciones, el hecho que tiendan a cubrir el espacio que han dejado los partidos políticos asumiendo buena parte de sus funciones, convierte los movimientos o conflictos sociales alrededor de los proyectos de inversión en asuntos eminentemente políticos dificultando, a su vez, la solución oportuna y armoniosa de los problemas que en materia ambiental y social están amparados por la legislación vigente.
Primero, sin confundir los conflictos sociales asociados al desarrollo de proyectos de inversión con los de otro tipo (narcotráfico y terrorismo), las políticas de promoción de la inversión relacionada con el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país requieren afinar la forma en que estas llegan a conocimiento de la población.
Segundo, es indispensable conocer y comprender la posición de los diversos actores sociales que participan en los conflictos que se suscitan alrededor de los proyectos de inversión, fomentado que el Estado cumpla un rol protagónico en el desarrollo de la información, el diálogo y los necesarios consensos y compromisos que permitan un desarrollo equilibrado y armonioso de los diferentes intereses o concepciones que pueden haber alrededor de la inversión pública o privada.
Tercero, es importante reforzar el Estado de Derecho propiciando y apoyando la libertad de información, los derechos ciudadanos, el respeto a las diferencias culturales y la necesidad de formar alianzas estratégicas a favor del desarrollo sostenible y de la población más vulnerable dentro de los cuadros de pobreza y extrema pobreza existentes especialmente en la sierra y selva del país.
Consideramos que de este modo es posible construir un marco de equilibrio y armonía necesarios para el crecimiento económico y el desarrollo humano.
