Desde mediados de la década del 90 la inversión minera y el crecimiento económico del país han sido fundamentales para salir de la grave crisis que nos dejó la década del 80. La apertura comercial al mundo, los incentivos que impulsaron la economía de mercado, reformas importantes en la estructura del Estado (Banco Central de Reserva, Sunat, Indecopi, etc.) han sido, entre otras políticas, las que han permitido que el país goce de bonanza económica no obstante circunstancias adversas en el nivel internacional.
Sin embargo, el esfuerzo por el crecimiento económico no ha sido igualmente intenso y exitoso para eliminar las graves brechas sociales que se agravan con la exclusión de la que son objeto los pueblos indígenas de la sierra y selva peruanas principalmente. En el caso de las actividades mineras, además, ello ha ido acompañado de un nivel de permisividad ambiental que, a pesar de algunos esfuerzos por remediar esta situación, no ha sido debidamente resuelta dando lugar a que el mayor porcentaje de conflictos sociales en el Perú tengan como fundamento asuntos ambientales.
¿Es posible mantener el mismo ritmo de crecimiento económico sin que a la vez se desarrollen políticas sociales y ambientales que pongan en equilibrio ese crecimiento con las demandas sociales de mayor equidad y de protección del capital natural del país? Definitivamente eso no es posible, o mejor dicho eso no será posible luego que pasado un tiempo prudente, el sector organizado que apoyó el programa de inclusión social del Gobierno, comience a demandar programas efectivos que resuelvan los principales problemas que giran alrededor de las actividades que promueve el sector minero.
En estas circunstancias y con el objeto de contribuir a la prevención de conflictos que constituyan un riesgo para la inversión en el sector minero, señalamos aquí los problemas y medidas que se deben tomar para, aprovechando la confianza y fortaleza que tiene hoy el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, ir resolviendo los problemas más graves que alimentan la articulación de un importante movimiento social que tiene serios reparos sobre los beneficios de la inversión minera, hidrocarburífera e hidroenergética.
1er Problema: Minería y Agricultura
Hay un movimiento vasto por el cual se plantea que la minería no es compatible con la agricultura. ¿Qué alimenta este pensamiento? Se ha comprobado que la minería tiende a deprimir la actividad agraria con graves consecuencias sobre los pueblos de pequeños o medianos agricultores o familias campesinas que no sólo observan nuevos grados de riqueza, sino también otros referentes que agudizan su pobreza sobre todo en zonas rurales donde la ausencia de crédito, asistencia técnica y de servicios fundamentales agrava las brechas sociales pre-existentes.
Este desequilibrio entre minería y agricultura sólo puede ser resuelto a través de un programa agrario que fortalezca la presencia del estado en especial a través de la innovación tecnológica permitiendo que la agricultura sea un medio de vida digno. La experiencia de “Sierra Productiva” potencializada por el Estado y la actividad privada –algunas empresas mineras ya lo vienen haciendo- extendida a las regiones más pobres en sierra, selva y costa no sólo contarían con la aceptación de todos los sectores sino que serviría para revalorar una actividad estratégica que le da al país la preciada seguridad alimentaria.
2do Problema: La exclusión social y los pueblos indígenas
El territorio que ocupan las comunidades andinas y nativas o de la selva es escenario de un movimiento neo-indigenista que se nutre de la forma en que históricamente y desde el período colonial los pueblos originarios del país fueron tratados como una “casta” de naturaleza inferior respecto del resto de ciudadanos, razón por la cual no gozaban de los derechos que tenían estos.
Sin que ese sea su propósito, la forma en que ha crecido la inversión en el sector minero, no sólo tiende a empobrecerlos más bajo nuevos referentes de riqueza, sino que además, al ser subestimados sus derechos como colectividad, como cultura desde el Estado, se sienten agredidos en lo que es la base de la misma, el uso o aprovechamiento autónomo de un territorio que incluye la tierra, el agua, bosques, cerros etc. Esto es especialmente grave pues afecta aproximadamente al 38% de la población total del país, el sector más vulnerable frente al mercado y el cambio climático y, a su vez, un pilar fundamental de la unidad nacional.
La única manera de enfrentar exitosamente este problema es aplicando en toda su magnitud las medidas previstas en el Convenio 169 que no solamente prescribe el derecho de consulta para proteger los derechos y libertades de estos pueblos, sino también una serie de programas cuya aplicación progresiva implicaría su integración al desarrollo sin menoscabo de sus identidades culturales[i].
Para este efecto es urgente y necesario devolverle a INDEPA la jerarquía Ministerial, autonomía y composición de sus órganos de dirección (participación de dirigentes indígenas en el Consejo Directivo) para que se establezca en cooperación con los diversos sectores del Estado el modo de eliminar las inequidades que actual e históricamente les afectan.
3er Problema: Los impactos ambientales del sector minero-energético
En la década del 90 a fin de atraer las grandes inversiones especialmente en el sector minero, el Gobierno de ese entonces decidió eliminar o reducir al mínimo todas aquellas vallas que podrían neutralizar cualquier incentivo a favor de aquellas. En estas circunstancias se resolvió, aparte de minimizar u obviar cualquier requisito social (participación ciudadana y consulta), reducir las vallas que eran producto del reciente Código del Medio Ambiente.
En los últimos años esta política sufre grave crisis afectando la autorización de nuevos proyectos de inversión. La aprobación de Estudios de Impacto Ambiental que no implicaban más que el cumplimiento de un requisito administrativo sin mayor fiscalización por parte del Estado, ha motivado que se cuestione la legitimidad de esos instrumentos de gestión ambiental y social dando lugar a una atmósfera negativa respecto de los efectos que la inversión minera tiene sobre el bienestar humano y la particular riqueza ecológica del país.
¿Qué se puede hacer al respecto?, centralizar o convertir en “caja única” al Ministerio del Ambiente para la aprobación de los EIA del sector minero en una gestión descentralizada que revalore o renueve el proceso de regionalización. Mientras se organiza esta parte de la gestión se puede decretar la puesta en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que si bien es cierto data desde el año 2001, lo que funciona hasta hoy es la normatividad del año 1993 concebida dentro de parámetros hoy obsoletos.
Esto demandaría desde luego fortalecer institucionalmente el Ministerio del Ambiente y la OEFA dejando que los sectores dedicados a la promoción de las inversiones, como el caso de energía y minas, cumplan estrictamente esa función.
¿Necesitamos cambiar la Constitución o la economía de mercado?
Ninguna de estas propuestas implican cambios Constitucionales y tienden más bien a mejorar las posibilidades de una economía social de mercado dentro de una política tendiente a la eliminación de la pobreza y el desarrollo de la inclusión social como ejes fundamentales del desarrollo al que hoy se aspira.
La normatividad está dada en gran parte y es suficientemente clara. Hay que hacer más bien algunos ajustes en el aparato de Gobierno para que la decisión política en esta materia sea facilitada por quienes han pasado a ser parte del nuevo Gobierno a nivel de Gabinete y de los cuadros directivos que tienen a su cargo distintos niveles de gestión pública.
Es necesario que en el nuevo Gabinete se fortalezcan institucional y presupuestalmente los Ministerios de Agricultura, del Ambiente y el INDEPA evitando que sea el Ministerio de Economía el que condicione la política de estos organismos.
Dentro de una política redistributiva conviene revisar y modificar la actual distribución y uso que se le da al canon y las regalías de manera que sean el soporte fundamental para que las regiones y municipios sean un pilar fundamental en el apoyo a la revaloración del agro, la protección ambiental y la integración de los pueblos indígenas. Los beneficios de la minería no llegan a los pueblos afectados porque falla la actuación del Estado en este campo.
Desde nuestra perspectiva y a la espera de que el Gobierno, luego de haber conformado un organismo del máximo nivel para priorizar la atención a los problemas de seguridad ciudadana, ponga la misma energía y decisión para resolver los problemas fundamentales que acompañan la inversión en el sector minero; la pobreza, la exclusión social y los impactos negativos sobre nuestra riqueza natural.
[i] Al momento de publicar este artículo los miembros de Quorum tuvimos conocimiento de la aprobación por el Congreso de la República de la Ley del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas. A pesar de que hemos tenido una posición crítica respecto de la pertinencia de una ley interpretativa del Convenio 169 saludamos el éxito de esta iniciativa que siendo producto del diálogo y el consenso abre el camino para impulsar decididamente la inclusión o integración de los pueblos indígenas (comunidades andinas y nativas) al desarrollo del país y sus beneficios sin poner en riesgo su identidad cultural.
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