Las "falencias del EIA" del Proyecto Tía María

Desde agosto del año 2000, fecha en que un sector de la población de la provincia de Islay en Arequipa se opuso a la exposición del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Tía María, los conflictos socio-ambientales a su alrededor no han cesado. A propósito de ello, a fines del año 2010, bajo un nuevo escenario de confrontación, el Ministerio de Energía y Minas dispuso que una entidad externa compuesta por expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) revise el Estudio de Impacto Ambiental en cuestión a fin de decidir, con mayores elementos de juicio, si se aprueba el referido estudio y de modo consiguiente la realización del Proyecto Minero.

En marzo de este año, los mencionados expertos han concluido la revisión ad-hoc del EIA del Proyecto Tía María y, si bien reconocen que este trabajo "responde a los contenidos mínimos esperados para un Estudio de este tipo y un Proyecto de estas características" señalan, "sin embargo, considerando que se trata en el caso de la última fase de compatibilización ambiental del emprendimiento, y atento a la magnitud del mismo, se verifican diversas falencias que deberían ser superadas de manera previa a su aprobación".

En este sentido, dado el estado del conflicto y las circunstancias políticas que lo rodean, somos de la opinión que, dentro de un plazo razonable en el que estén de acuerdo los diversos actores involucrados en el tema, se hagan los estudios complementarios que contribuyan a levantar las observaciones que, a su vez, coinciden con las preocupaciones fundamentales que vienen dando lugar a este ya prolongado conflicto.

Bajo este punto de vista, luego de haber revisado los resultados del trabajo realizado por los expertos del PNUMA y UNOPS contrastado con el EIA del Proyecto publicado en la página web de la Southern Perú Copper Corporation consideramos pertinente plantear lo siguiente:

1° Impactos sobre los recursos hídricos y el mar.

Debe hacerse un estudio exhaustivo sobre el manejo de los recursos hídricos y una investigación hidrológica que despeje las dudas o percepciones negativas sobre la suerte de las aguas superficiales y subterráneas, más aún si se considera la escasez de este recurso en la zona y el impacto que esto tiene sobre los agricultores.

Igualmente, aunque la instalación de una planta desalinizadora debe disminuir las tensiones respecto del agua destinada a la agricultura y el consumo humano, es necesario que se haga una evaluación de las condiciones hidrobiológicas que podrían ser afectadas por el vertimiento de las salmueras al mar con el perjuicio que podría producir a las actividades de pesca de las que vive una parte de la población que se encuentra en el área de influencia del proyecto.

2° La valoración económica de los impactos.-

Conforme al principio de internalización de costos (Ley 28611, Ley General del Ambiente), el EIA en referencia debe hacer una mejor cuantificación de los impactos del Proyecto sobre la flora y fauna de la zona de desierto donde este se ubica a fin de garantizar la preservación de su especial biodiversidad y su importancia en la conservación de su ecosistema. Sobre esta base se debiera efectuar la valoración económica de las impactos con el fin de que la empresa titular del proyecto asuma los costos de los mismos, sea a través de la remediación, de la compensación u otros mecanismos que correspondan según la evaluación pertinente.

Desde luego este principio debe aplicarse igualmente al componente social a fin de que haya claridad en la magnitud de los impactos socio-ambientales, su costo y de las medidas que tendrían que preverse para evitar, mitigar o compensar, según sea el caso, esos efectos.

3° El componente social del EIA

En el componente social del EIA es imprescindibe lo siguiente: a) Extender la información y el análisis de la línea de base social a los tres distritos que comprenden el área de influencia directa (AID) según lo estimado por el propio Proyecto, esto es la zona comprendida entre los distritos de Cocachacra, Dean Validivia y Mejía y, b) recoger y procesar información que, de primera fuente, permita conocer las condiciones socio-económicas en que se desarrollan las principales actividades de que vive la población, en especial de los agricultores que constituye el grupo ocupacional más numeroso y donde se concenyran los mayores temores respecto de presuntos y negativos impactos sobre su fuente de trabajo.

En el mismo componente, es fundamental hacer un diagnóstico de mayor amplitud y profundidad de los grupos de interés y actores sociales que tratan de influir sobre el curso del Proyecto para precisar los escenarios probables bajo los que tendría que operar. Asimismo, habría que evaluar los impactos de Tía María sobre las brechas sociales pre-existentes, sobre todo aquellas que marcarían mayores diferencias entre la minería y la agricultura, cuestión que, dicho sea de paso, constituye una de las mayores fuentes de conflictividad socio-ambiental.

La ausencia de una examen exhaustivo del tema social y de estos asuntos en particular impide propuestas consistentes en materia de compensaciones y por tanto deja el camino libre a percepciones negativas que, siendo una variable fundamental en la generación de conflictos, puede contribuir a que estos se mantengan o agudicen.

4° La Participación Ciudadana.

Los estudios complementarios que solicitan los expertos del PNUMA y UNOPS, antes que se someta a la aprobación del Ministerio de Energía y Minas el EIA del Proyecto Tía María, debe ser una oportunidad para levantar el conjunto de "falencias" que se han encontrado en este estudio y en especial la débil participación de los ciudadanos, parte sustancial de todo proceso de evaluación ambiental.

Consideramos fundamental, toda vez que los trabajos complementarios apuntan a temas que se encuentran en las perceociones negativas de un sector importante de la población, que ésta a través de sus representantes, participe activamente en las diferentes fases de re-evaluación de los impactos del Proyecto bajo el presupuesto de que sus opiniones, observaciones o recomendaciones sean debidamente consideradas a la hora de decidir sobre las características finales del Proyecto, sus impactos y los planes que sirvan para proteger el derecho de los ciudadanos "a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza" tal como lo disponen los principios de desarrollo sostenible a los que el país se encuentra adherido (1).

Consideraciones finales

Los estudios complementarios a los que hemos aludido, fundamentales en el proceso de aprobación del EIA bajo el contexto en que se desenvuelve el Proyecto Tía María, no pueden hacerse sin un clima de diálogo que permita la cooperación de todas las partes. No pueden hacerse en medio de un proceso confrontacional. Por eso, planeamos la conveniencia de que el Gobierno Central convoque a las instituciones que gozan de mayor credibilidad a nivel regional y nacional con el objeto que, pasada la coyuntura electoral, se negocie la mejor forma de perfeccionar la evaluación que se ha hecho de los impactos de este proyecto minero.

Asimismo, consideramos pertinente que la empresa titular del Proyecto y los diversos grupos de interés y actores sociales que desde distintos puntos de vista aprueban o desaprueban la actividad minera hagan los esfuerzos necesarios para hacer prevalecer el diálogo, evitar la violencia y resolver por esa vía un asunto que, es cierto, compromete la vida y las expectativas naturales del desarrollo local y regional para las actuales y futuras generaciones.

Notas:

(1) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrrollo 1992.

Elecciones Generales: ¿qué viene después?.

Alfredo J. Cafferata Farfán*

¿Qué panorama nos ofrece las elecciones generales?

Los últimos sondeos de opinión respecto de las elecciones generales de próximo 10 de abril le dan un amplio margen de respaldo al modelo económico implantado en el país desde la década del 90. El escenario más probable es que alguno de los candidatos que defienden la actual economía de mercado llegue a la Presidencia de la República y que, buscando aliados en un Congreso fraccionado, mantenga en lo fundamental este tipo de régimen económico.

En ese mismo escenario, también es posible que en el Congreso se instale una minoría que, integrada por quienes representan una opción que postula cambios fundamentales en el actual régimen económico y político, promueva una dura oposición que conduzca a debatir temas que como, como los que corresponden al sector minero, resultan especialmente relevantes desde el punto de vista político.

Las minorías y otros actores sociales

En este contexto, además, debe considerarse lo siguiente:

1° En democracia las minorías también cuentan, no solo porque estas tienen tanto derecho como la mayoría a ser escuchados, sino también porque, por principio, es necesario que se tomen en cuenta sus planteamientos. En la práctica esto ya se viene dando en parte y, una ligera revisión de las plataformas políticas de las candidaturas con mayor opción para llegar al gobierno nos muestran como estas vienen considerando la necesidad de: a) efectuar cambios en el tratamiento de las inversiones mineras por el lado de los Convenios de Estabilidad Tributaria y las denominadas sobre-ganancias; b) modificar las normas que frenan una mejor redistribución de beneficios a través del canon y las regalías y; aunque no la mayoría, c) cumplir con la aplicación del Convenio 169 (1).

2° En democracias, como la nuestra, donde no existe o es muy débil el sistema de partidos políticos, las relaciones entre las políticas gubernamentales y la sociedad civil se intermedian a través de otras organizaciones que influyen en el curso de la política. Así, en el Perú la Red Muqui, institución que reune a las ONG que tienen una posición crítica frente a la minería, hoy es parte de un grupo más amplio que ha constituido un espacio de diálogo denominado "Alternativas al Extractivismo" planteando de forma desagregada los diferentes temas que, conforme a su opinión, en el plano económico, ambiental y social son materia de cuestionamiento de las actividades del sector minero.

Desde luego, esto no tiene otro propósito que tratar de influir, a través de la opinión pública y el movimiento social, sobre los aspectos que, sobre todo, resultan controversiales en relación con los derechos de las comunidades andinas y amazónicas.

3° Si tenemos en cuenta, además, que un sector importante de la Iglesia Católica, amparada en su doctrina social, no es ajena a la labor que hacen las ONG en el sentido indicado, habiendo manifestado a través de la Conferencia Episcopal Peruana y los Obispos de la Amazonía Peruana serios reparos al actual modelo de desarrollo y a la necesidad de que haya un equilibrio entre el progreso económico, el uso racional de las riquezas, los derechos de las comunidades a la consulta y al disfrute en paz de los territorios que ocupan (véase Encarte de La República del 26/01/11), no quepa duda que la oposición parlamentaria a los aspectos problemáticos de la actividad minera no se va a reducir al significado minoritario de su representación.

4° Súmese a lo anterior la existencia de organizaciones que como AIDESEP y CONACAMI no cesan en reclamar en diferentes tonos la aplicación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, custión que ha dado lugar a la formación de un amplio movimiento neo-indigenista a través del cual se ha puesto en agenda la problemática de las comunidades y sus derechos frente al avance de los grandes proyectos del sector minero.

Desde luego, si como ha venido ocurriendo hasta ahora, no se atiende sistemática y satisfactoriamente por parte de los órganos de gobierno reivindicaciones que, como en el caso del Convenio 169, a pesar de las controversias es parte del Derecho interno, lo más probable es que el escenario posterior a los resultados electorales se convierta en una nueva etapa de conflictos sociales alrededor de la inversión minera, hidrocarburífera y energética.

Cambios en consenso o en confrontación

Este escenario, sin ser apocalítico, podría en efecto, según el método de gobierno que se adopte, desencadenar nuevos o mayores conflictos sociales o más bien dar lugar a necesarios reajustes de política. Si, como ha sucedido hasta hoy, se privilegia el espíritu confrontacional contra la minoría política y los actores sociales que tienen una posición contraria que cuestiona las industrias extractivas, serán inevitables nuevos conflictos en materia ambiental y social; pero si al contrario se convoca al diálogo para establecer acuerdos razonables con los diferentes actores políticos y sociales, los conflictos sociales previsibles tendrian un cauce compatible con la estabilidad o equilibrio social que requieren en especial las nuevas inversiones en el sector de mayor crecimiento, el minero (3).

¿Es posible el consenso?. Aunque no se puede ser categórico en la respuesta, se puede decir que hay condiciones que podrían favorecer el deseable ambiente de diálogo y consenso. La mayor parte de entidades a las que hemos hecho referencia, todas ellas vinculadas entre sí por la defensa de los derechos de las comunidades y del ambiente frente a la inversión minera son, en general, susceptibles al diálogo; por otra parte, el sector empresarial minero, por lo menos una parte significativa de este, también lo es, una prueba es la continua mejora de sus prácticas ambientales y de sus inversiones en materia de desarrollo local.

Lo único que faltaría es que el nuevo gobierno, entendiendo este escenario, se ponga en una posición igualmente dialogante y que asumiendo sus responsabilidades políticas conduzca, dentro del Estado de Derecho", un diálogo de buena fe que permita acuerdos consensuales sobre los aspectos más controversiales de la política de inversiones en el sector minero. Por supuesto, en esta condición el Gobierno tendría que dejar de ser un Estado (ausente) no solo en materia ambiental como sostiene Iván Lanegra (4), sino que tendría que tomar la iniciativa en la protección de los derechos que en particular les corresponden a los pueblos y ciudadanos donde se desarrollan las actividades mineras.

Este cambio es difícil por la complejidad política y cultural del tema sobre todo en lo concerniente a los derechos de las comunidades andinas y amazónicas, pero es imprescindible comenzar a llevarlo a cabo, si no se quiere que los conflictos sociales alrededor de la minería perturben la posibilidad que su evidente auge y aporte al crecimiento económico del país sirva, a su vez, al desarrollo sostenible sobre cuyos principios no hay desacuerdo y existe la obligación por parte del Estado de aplicarlos.

Notas:

* El artículo es de responsabilidad del autor, pero ha sido revisado por los otros directivos de Quorum Social Consulting, Sres. Antonio Ríos y Álvaro García, para evitar, dentro de lo posible, cualquier sesgo que reste objetividad a este análisis de la coyuntura política.

(1) Véase al respecto los programas de los Candidatos a la Presidencia de la República, Sres. Alejandro Toledo, Luis Castañeda, Pedro Pablo Kuczynsky y el de la Sra. Keiko Fujimori.

(2) Véase la página Web: http://alternativasalextractivismo.blogstop.com/

(3) Según el Presidente de la SNMPE, Sr. Pedro Martínez, el Instituto Fraser de Canadá, ha determinado el descenso en 9 puntos de su potencial político a favor de la minera y asimismo, de 10 puntos en su potencial geológico debido, entre otros factores, a la conflictividad social del sector. Véase: http://mineriadelperu.com/2011/03/sociedad-de-mineria-expresa-preocupacion-por-descenso-del-peru-en-encuesta-fraser-2011/

(4) Lanegra, Iván. "El Estado (ausente) Ambiental". Realidades S.A. Lima, 2008.