¿Faltan expertos o políticas que ayuden a solucionar los conflictos sociales?

Por: Alfredo Cafferata Farfán

Con la colaboración de Antonio Ríos y Elsa Castañeda

El lunes 13 de abril el diario El Comercio, en un titular de primera página, llama la atención sobre el incremento de los conflictos socioambientales y la falta de expertos que ayuden a solucionarlos aludiendo al reducido número de profesionales con que cuenta la unidad de manejo de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Textualmente, haciéndose mención al último reporte de Defensoría del Pueblo, el cual indica que el 48% de los conflictos es de tipo socioambiental, se afirma que “la creciente cantidad de estos problemas no los puede resolver prontamente la Presidencia del Consejo de Ministros, ya que cuenta con un reducido número de expertos en su unidad de manejo de conflictos.”

Al respecto, nuestra opinión es distinta. Sin subestimar la necesidad de expertos para atender los conflictos sociales, consideramos que esto es insuficiente si acaso, el gobierno central no asume, de modo explícito, una nueva política en su relación con las poblaciones andina y de la selva – con quienes mayormente se dan estos conflictos- y, a la vez, no varía la legislación vigente que impide una adecuada gestión de la inversión en los territorios de las comunidades campesinas y nativas y, en el caso de la explotación de recursos minerales e hidrocarburos, la mejor distribución y uso de los recursos que se proveen a estas a través del canon y las regalías.

Gran parte de esto, a nuestro entender, se facilita por la vigencia del Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, marco legal que prevé el tratamiento de estas cuestiones y que hasta ahora ha sido aplicado de modo insatisfactorio y solo cuando el conflicto social ha alcanzado una magnitud que amenaza la estabilidad social y política del régimen.

¿El Estado requiere de más expertos para el tratamiento de las poblaciones donde se producen los conflictos socio-ambientales?

Es probable que sí, pero promulgar, como se hizo, entre mayo y junio del 2008 los Decretos Ley 1015 y 1073 para variar el quórum de 2/3 que se exigía para que las comunidades andinas y nativas puedan ceder el uso de sus tierras a favor de la inversión privada en sus territorios (Ley 26505) sin previa consulta con estas, demostró que el Estado tenía muy poco o ningún interés en escuchar la opinión de los expertos, pues, a pesar de que ya se tenía un clima social adverso a las inversiones privadas y que numerosas organizaciones profesionales dedicadas al estudio de la problemática andina y de la selva, incluida la Defensoría del Pueblo, aconsejaban que medidas como estas fueran previamente consultadas con la población interesada, el gobierno hizo oídos sordos y llevó adelante estos dispositivos.

Tuvo que producirse un importante movimiento social, sobre todo en la amazonía peruana, la denuncia de inconstitucionalidad que interpuso Defensoría del Pueblo y la actuación de urgencia del Congreso de la República para derogar rápidamente esos dispositivos, resolver el conflicto social creado en ese momento y evitar una mayor intensificación del mismo.

Esto demuestra que la solución de los conflictos sociales, no es cuestión de tener más expertos en el gobierno para que manejen el tema social, sino que el Estado y quienes lo conducen cambien de política en relación al tratamiento de las comunidades andinas y nativas que, históricamente postergadas, constituyen a su vez los núcleos de población donde la pobreza se presenta en sus mayores extremos.

Mientras ello no ocurra, cualquier número o calidad de expertos que incorporemos a la maquinaria estatal será muy poco o nada lo que puedan hacer para cambiar el escenario de conflictos que, según los reportes de Defensoría del Pueblo, se incrementan por el lado de las inversiones en los campos de la minería, el gas y el petróleo, fundamentales para el crecimiento económico del país.

La magnitud política de los conflictos sociales.

Lo que acabamos de expresar se explica, además, por la magnitud política que vienen alcanzando los conflictos sociales en el área que indicamos. El problema no es solamente de orden cultural o de naturaleza social. El movimiento social que se gesta y desarrolla alrededor de las actividades donde se producen los conflictos socioambientales muestra cada vez más sus rasgos eminentemente políticos.

Así, la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), con ocasión de la II Cumbre Indígena de la Región Macrosur realizada en Cuzco en enero del presente año ha declarado en forma expresa su propósito de constituir un partido político que, conforme a sus pronunciamientos públicos, estaría en la línea de recusar el “modelo capitalista de explotación” y en especial los esfuerzos del Estado por llevar adelante los acuerdos de Libre Comercio con EEUU y otras naciones, anunciando el endurecimiento de las posiciones contrarias a los grandes proyectos de inversión.

Sin seguir el mismo camino que la organización citada, La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ha devenido en un actor social que, frente a la debilidad de las actuales organizaciones políticas, desempeña ese rol representando a un sector importante de la población amazónica y desarrollando una plataforma política a través de la cual, según se nota en sus últimas acciones contra Pluspetrol (segunda semana de abril), demanda la derogatoria de la ley de aguas así como la de los decretos que aprueban los tratados de libre comercio con EEUU y Chile bajo el supuesto que ponen en riesgo sus territorios y el medio ambiente. Dentro de esta lógica exigen, además, que se dejen de lado los contratos de exploración y explotación petrolera existentes.

No se trata de reclamar sobre un derrame de petróleo o un inadecuado proceso de consulta, tampoco por compromisos no cumplidos, sino de enfrentar la política nacional con términos similares a los que siguen organizaciones, como CONACAMI, que expresan con mayor énfasis su vocación e interés políticos.

Dentro de esta dimensión política, los conflictos sociales no demandan de burócratas mejor formados, sino principalmente de cambios en las políticas de gobierno que involucren los intereses de estas poblaciones que, a diferencia del resto de la sociedad peruana, poseen propiedades o territorios reconocidos conforme al derecho nacional e internacional. Por ello, no es extraño que reiteren el cumplimiento de los mandatos de la Constitución, sino también de los compromisos asumidos por el Estado Peruano en el Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

En esta perspectiva las posibilidades de transformar un escenario de creciente conflicto social y político alrededor de las inversiones en minería e hidrocarburos no pasan por tener más expertos en el Gobierno. Se requiere más bien de cambios que muestren un Estado que, frente al riesgo de asimetría en la información y el poder de negociación entre las grandes empresas de inversión y las comunidades campesinas y nativas, genere el escenario adecuado para llegar a soluciones armoniosas, tratando de lograr de esa manera acuerdos útiles al desarrollo local, mitigando impactos y compensando adecuadamente los que sean técnicamente imposibles de evitar.